Crónica de la quinta sesión de juicio

Tres semanas después de la última sesión, este viernes 25 de abril nos hemos visto obligadas a volver a desplazarnos a la Audiencia Nacional de Madrid para retomar el juicio oral contra nuestras compañeras encausadas. Después de soportar unas cuantas horas de viaje, nos hemos enterado que Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, que volvía a estar llamada a declarar –por videoconferencia, como no–, no se iba a presentar alegando una baja médica, como la última vez, motivo por el cual se desestimó finalmente su testimonio. A continuación, siguiendo el guión establecido, han declarado tres agentes de la Unidad de Fotografía y Audiovisuales de los Mossos d’Esquadra. Su misión era defender los informes de identificación física que realizaron en octubre de 2011 a partir de la comparación entre diversas imágenes facilitadas por el area de investigación del mismo cuerpo policial. Per un lado, las reseñas fotográficas que forman parte de ficheros policiales o realizadas después de las detenciones –entre ellas no sólo las típicas frontales y de perfil sino también las que situaban a las encausadas con objetos como gorras– y, per otro, fotografías y fotoprinters –capturas de imagen de vídeo– atribuidas no sólo al 15 de juny de 2011 sino también, en un caso concreto, a otras protestas.

Según declararon, los mossos utilizan tres técnicas: análisis morfológicos, antropométricos y de superposición de imágenes. En este caso, para gran parte de las encausadas no se habrían podido utilizar las dos últimas por carencia de imágenes de calidad o de datos precisos. De hecho, esta fue una de las cuestiones más discutidas por la defensa, la carencia de precisión o de exactitud en las técnicas empleadas, más basadas en descripciones subjetivas que no en datos exactos. Se desconocen las características técnicas de las cámaras, se desconocen los enfoques, el nivel de obturación, los ángulos… No se realizaron mediciones porque no tenían datos sobre distancias o proporciones pero que, en todo caso, ellos hacen “aproximaciones y compatibilidades” y que no “trabajan con medidas exactas”, motivo por el cual la defensa afirmó que nos encontramos “en el campo no de las medidas sino de las impresiones”. Del mismo modo, los mossos no pudieron afirmar si las imágenes con que trabajaron podrían haber sido retocadas y reconocieron que utilizan el programa Photoshop para, según su declaración, mejorar pero no alterar su contenido. Por último, también tuvieron que reconocer que gran parte de algunos de los caracteres que consideraban distintivos para las identificaciones como pecas, densidad de cejas o grueso de los labios son elementos que se pueden impostar o modificar y que, como no tienen datos exactos, no pueden asegurar que esto no haya pasado, que “todo es modificable”, que ellos dan su “opinión” y que no pueden ofrecer ningún “grado de certeza”. Hasta aquí la declaración de la policía científica.

Después de un receso de 10 minutos, como si nada hubiera pasado desde el primer día de juicio, ha sido el turno de las conclusiones definitivas de las acusaciones. Se podría resumir en una frase: se mantienen exactamente en las mismas peticiones de penas, de 3 a 8 años de prisión. El trabajo sucio ha recaído, como ya era habitual a las últimas sesiones, en el Ministerio Fiscal. Los dos abogados se lo han repartido: la primera se ha dedicado a detallar lo que consideran hechos delictivos probados contra las instituciones del estado y atentados contra las autoridades parlamentarias y el segundo se ha encargado de las justificaciones jurídicas apelando a diversa jurisprudencia y sentencias previas. Esta, a pesar de asegurar que no pretendía ser una acusación contra la protesta y la disidencia, se ha dirigido en genérico contra todas las encausadas, utilizando el clásico discurso de separar entre violentas y pacíficas, llegando al delirio cuando se han citado José Luis Sampedro, Stephan Héssel, Mandela o Martin Luther King. El representante del Parlamento, por su parte, ha aportado el toque de cinismo que quizás faltaba. Ha considerado que poco o nada podía aportar al informe de fiscalía, al que se ha adherido no sin afirmar que si se acababa imponiendo la pena más alta el Parlamento vería bien un indulto. La Generalitat de Cataluña y Manos Limpias han reafirmado su buena sintonía con los anteriores acusadores, manteniendo sus peticiones iniciales. La sesión se ha levantado pasados las dos y media a la espera de la última fijada por el lunes 5 mayo, cuando será el turno de las defensas.

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